CHETUMAL. Una de las demandas más sentidas de los quintanarroenses es el reclamo social de justicia; el combate a la corrupción y el freno a la impunidad son compromisos prioritarios del actual gobierno del estado, encabezado por el Gobernador Carlos Joaquín.

Se va a perseguir y castigar a los culpables del quebranto financiero y el deterioro de la vida social, además de buscar recuperar los cuantiosos recursos que debieron estar destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, y cuyo efecto ha sido profundizar las desigualdades sociales.

En el marco del proceso de entrega recepción de la administración pública, se han iniciado acciones para identificar la afectación al patrimonio de los quintanarroenses dilapidado durante la anterior administración estatal a cargo del señor Roberto Borge Angulo.

•Entre otras situaciones anómalas, y derivado de importantes denuncias en los medios de comunicación, se han encontrado y corroborado presuntas irregularidades en la enajenación a particulares, de predios del dominio privado propiedad del Estado.

• Dichas irregularidades son presuntamente atribuibles a la entonces Directora General del IPAE, señora Claudia Romanillos VIllanueva, así como al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo, quien presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal.

*Además de no existir expedientes completos, las enajenaciones presentan graves irregularidades, ya que se realizaron sin respetar la normatividad estatal y, sobre todo, se fijaron precios de venta muy por debajo de su valor real. Entre los adquirentes destacan familiares cercanos y personas vinculadas al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo.

• Dichas enajenaciones son por un total aproximado de 9,500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados.

• Para tener una dimensión de dicha superficie, la misma equivale a 6 veces toda la zona hotelera de Cancún, o bien, a 24 veces la superficie de Isla Mujeres.

• Estas enajenaciones impactaron negativamente en las reservas territoriales en los municipios y comprometen la planeación territorial de las zonas de uso habitacional, comercial o turística.

• Solo para dar unos ejemplos, del municipio de Puerto Morelos se enajenó el 60% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 1,528 hectáreas.

• Del municipio de Solidaridad, mejor conocido por ser parte mayoritaria de la Riviera Maya o por su ciudad Playa del Carmen, se enajenó el 52% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 990 hectáreas.

• Del municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, se enajenó el 36% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 937 hectáreas.

• Del municipio de Cozumel, se enajenó el 23% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 5,311 hectáreas.

• Del municipio de Tulum, se enajenó el 20% de la reserva territorial, es decir, lo equivalente a 195 hectáreas.

Las denuncias hasta ahora presentadas, involucran 850 hectáreas, de las 9,500 con irregularidades detectadas.

• Es de gran relevancia destacar que, tal y como se documentó en un reportaje televisivo de investigación, algunos de los adquirentes irregularmente beneficiados y vinculados laboral y profesionalmente con el ex gobernador Roberto Borge, son también accionistas y empleados de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo en el Estado, misma que en los últimos cuatro años aparentemente adquirió tres barcos con un valor en el mercado, superior a los 7 millones de dólares americanos. Dicha empresa, también está vinculada con familiares del ex gobernador Roberto Borge.

Cabe señalar que el accionista y la apoderada legal de dicha empresa naviera, y que al mismo tiempo se comprobó que son adquirentes irregularmente beneficiados con predios a bajo costo, aparentemente presentaron sus declaraciones fiscales en ceros, es decir, declaran que no tuvieron ingresos y no tuvieron egresos.

De la misma manera, no se cuenta con información que acredite que la empresa cuenta con capital suficiente para adquirir los referidos barcos.

• Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno del Estado ha iniciado los procedimientos administrativos de responsabilidad correspondientes y presentó las denuncias respectivas ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quienes se encuentran realizando las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades penales que resulten.

• Es de esencial importancia que las autoridades de procuración de justicia competentes, investiguen y comprueben la procedencia de los recursos con que se compraron los barcos y su situación fiscal ante las autoridades hacendarias.

El gobierno de Quintana Roo reitera su absoluto compromiso con el combate a la corrupción y el freno a la impunidad. Estamos atendiendo el reclamo social quintanarroense de justicia. El que la hace la paga. Vamos a buscar recuperar los recursos de los quintanarroenses con el fin de que haya más y mejores oportunidades para todos.

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