“Los pros y contras de una decisión que ha suscitado elogios y quejas”

Por Eros Ortega Ramos*

Pese a las inconformidades de diferentes sectores y a las advertencias de inestabilidad de algunos políticos por semejante decisión, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) logró aprobar una de las propuestas más polémicas en lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador; la eliminación de 109 fideicomisos públicos: “Finalmente, el decreto, que modifica 14 leyes y abroga una, salió adelante con 242 votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones” (ElPaís, 06/X/20). Y es que no hablamos de cualquier medida, sino de una en particular que impacta de manera significativa en diferentes rubros, como lo es el cultural, el académico, el deportivo y hasta el científico: “La extinción de los fideicomisos, que contienen unos 68.000 millones de pesos (más de 3.000 millones de dólares), ha abierto grietas incluso en el seno de Morena y sus aliados parlamentarios” (ElPaís, 06/X/20).

Pero antes de continuar, considero importante aclarar algunos puntos fundamentales respecto a este presupuesto:

-Los fideicomisos públicos son montos provenientes de recursos públicos asignados por el gobierno federal a diferentes dependencias.

-Al momento de que se aprueba el decreto para desaparecer dichos fideicomisos, esos montos son confiscados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

-Se calcula que el presupuesto recaudado por la eliminación de estos fideicomisos asciende a cerca de 250,000 millones de pesos.

-Es importante aclarar que no todos los fideicomisos son eliminados, sólo aquellos que no fueron creados con base en la ley, o sea, aquellos creados por acuerdos o decretos anteriores.

-El dinero recaudo por su extinción ayudará a contribuir al pago de la deuda del país, a fortalecer a PEMEX ante la caída en los precios del petróleo, a reactivar la economía mediante el otorgamiento de créditos que impulsen a la industria de la construcción, a fortalecer diferentes programas sociales y a enfrentar la contingencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19 (UNOTV.com, 2020).

En otras palabras, se define como un fideicomiso público a todo contrato mediante el cual el gobierno federal, con apoyo de Hacienda, hace entrega de recursos económicos afiliados a determinada empresa bancaria que conformará un patrimonio específico. No en balde fue el grito en el cielo que pegaron los cientos, o quizá miles de beneficiados al enterarse de que dichos recursos, curiosamente intactos durante las pasadas administraciones panistas y priistas, serían eliminados de forma definitiva.

Para contextualizar un poco respecto a la inconformidad de su eliminación, tenemos que remontarnos al 2018, año en que la organización de nombre “Fundar” dio a conocer una investigación titulada “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero”, en la que expuso que existían un aproximado de 374 fideicomisos, los cuales concentraban alrededor de 835,477 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal, mismos que debido a que no eran regulados por ningún mecanismo de control, eran fácilmente utilizados para fraudes y actos de corrupción, tan es así que únicamente 19 de ellos hacían uso de instrumentos de rendición de cuentas. Pero el despilfarro iba mucho más allá de lo imaginable:

“El informe “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público” de Fundar, documenta también cómo desde 2013 se han registrado sobreejercicios importantes en los recursos destinados a Fideicomisos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2017 el monto aprobado fue de 42 mil 737 mdp y al cierre del año se ejercieron 310 mil 637 mdp, lo que significa que se gastaron 267 mil 900 mdp más de lo aprobado por el Congreso sin ninguna explicación. En múltiples ocasiones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado los riesgos de opacidad, pues ha identificado que los fideicomisos no entidad paraestatal (sin estructura administrativa) permiten discrecionalidad en el ejercicio de los recursos” (Fundar, 09/V/18).

De ahí la indignación que provocó la cruel eliminación en los que recibían su buena tajada de fideicomiso, como es el caso de los jueces y magistrados. Vea el monto que se menciona a continuación:

  • 80692-Fideicomiso pensiones complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados: $3,927,389,698.88
  • 80693-Fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces: $37,717,683.19

Y esto sólo es un pequeño ejemplo de los millones que se repartían entre los ya adinerados, pero por lo visto, aún necesitados de apoyos económicos gubernamentales.

Pero, por otra parte, está la otra cara de la moneda con aquellos realmente afectados con la anulación de estos fideicomisos, como es el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el cual tenía disponibles 678,6 millones de pesos en diciembre de 2018 para la búsqueda de personas desaparecidas, o el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el cual tenía un monto de 73 millones de pesos en su última convocatoria, con el que se habían financiado casi 300 proyectos de cine mexicano, o el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que contaba con un monto de 38.163 millones de pesos para la reconstrucción de infraestructuras tras una catástrofe de esta naturaleza, o el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual contaba con un presupuesto de casi 130 millones de pesos, entre otros (ElPaís, 10/X/20).

No cabe duda de que, con la política de austeridad promovida por AMLO, misma que busca redistribuir equitativamente el presupuesto y acabar con la corrupción, los privilegiados pierden, pero los necesitados también, reafirmando ese popular dicho mexicano que satiriza: “pagan justos por pecadores”, el cual exhorta al mandatario a replantear urgentemente su estrategia anticorrupción que hasta el día hoy presenta deficiencias que, si no son atendidas, repetirá injusticias con los que no deben pagar los platos rotos del despilfarro.

Gracias por su lectura.

Twitter: @erosuamero

Facebook: Eros Ortega Ramos

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

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