“De la explotación laboral, la pifia de Javier Alatorre y la avaricia de un millonario”

Por Eros Ortega Ramos

Desde hace muchos años, México se ha caracterizado por ser un país en donde se reproduce de generación en generación la cultura de la explotación laboral. La hemos normalizado al grado de considerarla una -bendición- (desde una perspectiva religiosa) o una fortuna que no cualquiera tiene. Asimismo, con la reproducción de esta misma cultura hemos reemplazado la salud y el bienestar por el trabajo, así llegue a ser incluso inhumano; “que muchos quisieran, pero pocos poseen”. Atrás quedaron las exigencias de mejores salarios, mejores condiciones laborales y mejores prestaciones. La seguridad social ha sido sepultada casi en su totalidad, y qué decir de las -horas extras-; ya ni siquiera existen en determinados espacios laborales. Hoy en día, cientos (si no es que miles) de pequeñas, medianas y grandes empresas se ahorran miles (si no es que millones) de pesos en impuestos y demás gastos que, por ley, tendrían que pagar por sus trabajadores.

Pero esa explotación laboral no queda ahí, ya que cuenta con otras formas o prácticas igual de indignantes, e igual de normalizadas. Una de ellas (que inclusive e analizado en artículos de opinión previos) es la de los llamados “cerillos”; expresión que hace referencia a aquel sector laboral, principalmente conformado por adultos mayores, que vive de las propinas que los consumidores les otorgan. Estos “cerillos” abundan en las tiendas departamentales por una sencilla razón; significan ahorros millonarios para las empresas que los contratan. En ese mismo tenor se encuentran otros trabajadores en la misma, e incluso peor, situación de vulnerabilidad; despachadores de gasolina y meseros. En este punto es probable que usted se pregunte: ¿Qué tienen en común con los cerillos? La respuesta es que ellos también viven únicamente de las propinas que los consumidores les dan.

Es aquí cuando planteo las siguientes interrogantes: ¿Por qué es el consumidor quien tiene que, literalmente, pagar el salario de estos trabajadores?, ¿Qué no son las empresas las que, con base en la ley, están obligadas a pagar un sueldo a todas estas personas que venden su fuerza de trabajo? La respuesta es muy evidente, pero hay mucha gente que todavía se rehúsa a querer aceptarlo, al contrario, orgullosamente (y espero que también inconscientemente) forma parte del circulo vicioso de la “explotación sutil”, como yo le llamo, total: ¿Qué le cuesta dar unos cuantos pesos a la persona que le ayuda a depositar sus productos a las bolsas? ¡No se va a volver pobre!, ¡No actúe de manera egoísta! ¡Done! Y así ahórreles a estos monstruos del capital millones de pesos anuales por no pagar sueldos a sus trabajadores.    

De la misma manera, hemos normalizado la injusticia del despido injustificado. Basta con que usted un día (sin pandemia de por medio, claro) visite alguna Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para que se dé cuenta de la cantidad de ilícitos que se cometen en contra de los derechos laborales de los trabajadores. Por eso desde hace años he venido sosteniendo que los ejércitos de reserva que produce nuestra tambaleante economía cada vez se acrecientan más de manera alarmante. El exceso de demanda para una sola vacante es espeluznante. Filas de desempleados esperan una oportunidad laboral, así estén desprovistos de otras oportunidades concernientes a su crecimiento profesional, su seguridad social y su posibilidad de hacerse de un patrimonio propio; la típica idiosincrasia mexicana de vender la fuerza de trabajo a alguien más, en vez de emprender. Dicho todo este contexto desalentador para el trabajador, ahora enfoquémonos a los más vergonzosos ejemplos de la actualidad.

Resulta que un trabajador de TV Azteca, en este caso Javier Alatorre, a través de su noticiero transmitido en horario nocturno fue utilizado por su patrón, en este caso Ricardo Salinas Pliego, para exhortar a la población en general a no hacer caso al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto a sus recomendaciones de prevención y seguridad para evitar la propagación del Covid-19 a lo largo del país. Sus palabras textuales fueron las siguientes: “Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes, es más, se lo decimos con todas sus palabras; ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”. Asimismo, la cadena de televisión abierta aseveró que diferentes gobernadores ya habían desmentido los datos anteriormente proporcionados por el subsecretario, y que incluso él mismo había aceptado sus falsedades en una entrevista que había dado al diario estadounidense “The Wall Street Journal”.

Ante esto la vox populi no tardó en responder, y mediante las principales redes sociales condenaron el proceder del comunicador, quien días más tarde se retractó con eufemismos, afirmando que: “Nos referíamos a los datos (hablando en plural), a las cifras, a las inconsistencias y no a las medidas sanitarias […] Siempre hemos sido respetuosos de las leyes, particularmente, de aquellas que procuran la integridad de la salud, que procuran la integridad de los mexicanos” (Infobae, 21/IV/20). Y no es para menos, ya que el comunicador pretendió propagar el mensaje de indiferencia, antipatía e irresponsabilidad que su patrón se ha encargado de ensalzar respecto a esta pandemia, para algunos mortal. No olvide que ya hubo empleados de “Grupo Salinas” que denunciaron ante Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cinco presuntos casos de Covid-19 en las oficinas de la compañía, pero que por órdenes del magnate, todavía son obligados a asistir a trabajar: “…los empleados en las tres torres del consorcio, que albergan en promedio a 3,000 personas, continúan asistiendo a trabajar, lo que podría constituir un incumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por el gobierno para evitar más contagios” (Forbes, 20/IV/20).

Por eso condeno la indiferencia de este multimillonario ante esta contingencia sanitaria que, de acuerdo con las cifras oficiales otorgadas por el Gobierno Federal hasta el momento que me encuentro escribiendo el presente artículo de opinión, han fallecido un total de 69 personas. ¿Cuántas de ellas habrán laborado en alguna de sus empresas? Pero lo más importante: ¿Cuántas de ellas faltan por perder la vida debido a la avaricia de un empresario que antepone sus intereses económicos por encima de la salud e integridad de sus trabajadores?

Gracias por su lectura.

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

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