“¿Vale la pena mantener el Estado de Derecho a costa de la vida de civiles inocentes?”

Por Eros Ortega Ramos*

El pasado jueves 17 de octubre del año en curso, se dio a conocer por la tarde que se había capturado a Ovidio Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en la ciudad de Culiacán por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional. Poco tiempo después de que se hiciera pública la aprehensión de Ovidio se desataron bloqueos viales, incendios de automóviles y balaceras en diferentes puntos de esta ciudad, provocando pánico entre la población civil.

Fue así como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, mediante un mensaje que ofreció acompañado del gabinete de seguridad, confirmó que durante un patrullaje de rutina en un fraccionamiento de nombre -Tres Ríos- en Culiacán, alrededor de las 15:00 horas de ese día, 30 elementos de la GN y la SEDENA fueron atacados con armas de fuego desde el interior de una vivienda. Estos, al momento de hacerle frente a la agresión, lograron la detención de cuatro personas, entre ellas a Ovidio Guzmán: “Ante el patrullaje de las fuerzas armadas, sobrevino la reacción de distintos grupos delictivos que literalmente tomaron las principales calles de Culiacán, incendiaron vehículos e inmuebles, colocaron barricadas con tráileres y camiones, liberaron a medio centenar de reos del penal de Auguaruto, y enfrentaron a tropas del Ejército y de la Guardia Nacional al punto de que las autoridades estatales se vieron obligadas a decretar de facto un estado de sitio” (Proceso, 17/X/19).  

Y es que no hablamos de una histeria colectiva sin fundamento suscitada por rumores o suposiciones, realmente hablamos de una zona en conflicto, en algunos puntos incluso de una zona de guerra debido a que las múltiples balaceras comenzaron a desatarse sin control entre estos grupos delictivos. En diversos videos que comenzaron a circular en las principales redes sociales se aprecia a señores, señoras y niños tirados en supermercados, carreteras y escuelas para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida que pudiera poner en riesgo sus vidas. Inclusive, en algunas grabaciones de breve duración se puede apreciar a civiles con armas de grueso calibre circulando por calles semidesiertas a bordo de camionetas.

Tan grave fue la situación que las escuelas de todos los niveles anunciaron la suspensión de sus actividades, los negocios cerraron sus puertas y la población en general se encerró en sus hogares hasta que los enfrentamientos disminuyeran: “Conforme el tiempo transcurría, empezaron a surgir evidencias de personas heridas y otras aparentemente muertas, aunque hasta entrada la noche no había parte de las autoridades federales ni estatales. La Universidad Autónoma de Sinaloa anunció la suspensión de clases y actividades administrativas en todos sus planteles este viernes y el partido de futbol de la liga ascenso entre Dorados y Atlante fue suspendido” (Proceso, 17/X/19).  

Ante todo el caos provocado por la captura de Ovidio, por órdenes del propio Presidente de la República, a Durazo no le quedó de otra que suspender todo tipo de acciones en contra de estos grupos criminales, así como de liberar al detenido, con la intención de que las cosas se tranquilizaran en la entidad para evitar decesos de gente inocente ajena al conflicto. Esta fue la decisión que cuestionó radicalmente la postura del jefe del Ejecutivo ante las fuerzas armadas en su intervención al interior de un narcoestado. ¡Cómo era posible que se pudiera dejar libre al hijo de un capo de la droga después de haber sido capturado por la autoridad! ¿En dónde quedaba el Estado de Derecho que había sido defendido con sangre años atrás por gobiernos priistas y panistas?

Parece ser que, aunque la sangrienta, disfuncional y vergonzosa estrategia implementada por allá del 2006 por Felipe Calderón y reivindicada por el propio Peña Nieto desde el inicio de su mandato en el 2012 en contra del narcotráfico haya resultado totalmente fallida, había políticos, intelectuales y ciudadanos empeñados en no abandonarla, sin importar los “daños colaterales” que pudiera traer consigo. Es evidente que nos encontramos ante un Estado de Derecho fallido, claramente sobrepasado por el narcotráfico. No debería, creo yo, de haber sorpresa ante esto, ya que llevamos más de diez años contabilizando muertos a causa del narco a lo largo del país. Lo que no es congruente, ni mucho menos justificable, es que representantes del PAN o del PRI se rasguen las vestiduras al exigir que se le haga frente a estos grupos delincuenciales con las armas y con la violencia. ¿O acaso ya se les olvidó que fueron ellos mismos los que se empeñaron en seguir con esta misma estrategia absurda contra el narcotráfico que hasta la fecha sigue dejando miles de muertos a lo largo del país?

No se puede defender lo indefendible. La estrategia de seguridad implementada aquel día para detener al hijo del Chapo fue completamente irresponsable. El no prever las consecuencias que trae consigo la captura del hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo es lamentable, más para un gobierno que tiene como estandarte una "cuarta transformación", pero, creerse con la autoridad moral para consentir que civiles inocentes mueran con tal de hacerle frente al narco con una estrategia A TODAS LUCES EQUIVOCADA es aún más bajo, irresponsable e inhumano. Es muy fácil opinar cuando no se teme por la vida propia o por la de un familiar viviendo en un narcoestado, pero cuando se vive en carne propia los riesgos que esto implica la cosa cambia. Mantener un debilitado Estado de Derecho (si es que realmente existe) a costa de la vida de inocentes no es de demócratas, es de tiranos. Ahora el presidente como jefe máximo tiene que aceptar las consecuencias de tales decisiones y replantear sus estrategias de seguridad para no caer en el círculo vicioso de “vida o muerte” que sus antecesores avalaron y hasta la fecha siguen avalando.   

 

Gracias por su lectura.

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

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