“Con infamias, el PRI pretende golpear a un partido político con la imagen de una luchadora social”

Por Eros Ortega Ramos*

Hace unas semanas, la excomandante de la policía comunitaria de la CRAC-PC de Olinalá en el Estado de Guerrero, activista y hoy candidata plurinominal al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, al frente del Partido Encuentro Social (PES), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Nestora Salgado García, acaparó nuevamente los reflectores de la opinión pública al avivar el debate respecto a su presunta responsabilidad en el delito de secuestro, por el cual de manera injusta permaneció encarcelada durante más de dos años en un penal de máxima seguridad, para posteriormente ser puesta en libertad tras tres sentencias absolutorias emitidas por distintos jueces: “Tres jueces de Guerrero determinaron su inocencia ante las acusaciones por los delitos que se le imputaron y, tras dos años y siete meses presa, Nestora Salgado fue liberada el 18 de marzo de 2016” (Gatopardo, V/18).

Los focos rojos se encendieron cuando el pasado 20 de mayo del año en curso durante el Segundo Debate Presidencial, el candidato priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, acusó al partido liderado por Andrés Manuel López Obrador de postular a una “secuestradora” como candidata al Senado: “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía” (Proceso, 22/V/18). La acusación causó la indignación de gran parte de la sociedad mexicana debido a que pese a que se comprobó que Salgado fue arbitrariamente detenida el pasado 21 de agosto del año 2013, un candidato a Presidente pretendió sacar provecho de semejante situación tan delicada en contra de la candidata. Pero antes de continuar, brindaré un breve contexto de lo acontecido que actualmente le sirve como argumento a estos priistas para difamar a esta luchadora social.

Todo inició cuando en el mes de octubre del año 2012, Nestora Salgado se ofreció a liderar la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, formada por los mismos habitantes del municipio. Según han dicho, dicha policía fue constituida en respuesta a los graves problemas de inseguridad que desde hace tiempo se vivían en la región. Tan sólo un año después, específicamente el 21 de agosto del 2013, mediante un increíble operativo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Federal, la Marina y el Ejército Nacional, Nestora fue detenida por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, para dos días más tarde ser trasladada al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 de Nayarit. Respecto al delito de secuestro, se le acusó de haber privado de su libertad a Eugenio Sánchez González, quien previamente había sido acusado de robo de ganado. De igual manera, Salgado fue acusada de secuestrar a otras 42 personas más, en las que se incluía a menores de edad, imputándole de paso el delito de crimen organizado.

Es importante recordar que antes de postularse al Senado por MORENA, Nestora Salgado vivía en los Estados Unidos, ejerciendo de manera legal su ciudadanía estadounidense, pero pese a esto, decidió regresar a su país para trabajar de forma conjunta con este pueblo guerrerense. Esto fue aprovechado por la dirigencia nacional priista para tergiversar la información respecto a la nacionalidad de la candidata, manipulándola a conveniencia propia al argumentar que la ahora “doble” nacionalidad de Salgado impide su postulación por violar mandatos constitucionales: “Igual consideraron que, al registrar a Nestora Salgado como aspirante a la Cámara alta, Morena violentó la Constitución, toda vez que sus artículos 32, 55 y 58 establecen que no podrán acceder al Senado quienes hayan adquirido otra nacionalidad, dado que la norma constitucional tutela la lealtad al Estado mexicano” (Proceso, 28/V/18).

Por otra parte, está de más decir que las inconsistencias en su proceso penal fueron más que evidentes desde la supuesta liberación de las 42 personas que se presume, Salgado mantenía secuestradas en la Casa de Justicia ubicada en la localidad El Paraíso, en el municipio de Ayutla. Asimismo, no olvide que desde hace años este asunto de las policías comunitarias ha preocupado al Gobierno Federal ya que ha habido casos en los que la correcta organización de éstas resulta en autodefensas, que tanto dolor de cabeza causan a las corruptas policías municipales de los pueblos en donde emergen.   

Aunado a esto, el pasado mes de abril del año en curso la primera y cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aceptó cinco apelaciones presentadas por el ex fiscal Xavier Olea Peláez, en contra de las sentencias absolutorias a favor de la actual (hasta que no logren tumbarla) candidata por MORENA. Porque lo que es un hecho es que la desesperada oposición pretende hacer leña del árbol caído, y no por cuestiones que tengan que ver con la correcta impartición de justicia, sino por cuestiones políticas ignominiosas que tienen como único fin enjuiciar a una ciudadana sobajada por aquellos que se creen amos de aquella justicia, que ahora resulta, se andan rasgando las vestiduras por, según ellos, no poder aplicar conforme a la ley el casi inexistente “Estado de Derecho”.     

Para terminar, quiero decir que me sirvo de este medio de comunicación para expresar mi absoluta desaprobación y creciente desprecio hacia un candidato que en su desesperación por remontar en las preferencias electorales, ha calumniado sin escrúpulo alguno a una activista social injustamente procesada por la justicia mexicana. Lo que es peor aún es que en este caso el calumniador, representado por Meade, sostiene de manera cínica sus dichos, pese a que inclusive el mismo Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas la catalogó como “presa política” debido a la serie de irregularidades que se presentaron en su proceso penal.

Es indignante y sumamente preocupante a la vez que el PRI utilice al aparato de justicia mexicano para fines políticos perversos. No es cualquier situación, estimado lector, estamos hablando de un táctica de desprestigio de lo más miserable que como único trasfondo tiene manchar la candidatura de una mujer inocente, con el propósito de golpear a un partido político de oposición. ¿Si son capaces de llamarle secuestradora a una activista social INOCENTE, qué más no harían para seguir conservando el poder que temen perder? Esa es la gran incógnita, más ahora que, a mi parecer, fueron sobrepasados los límites de una contienda electoral a todas luces sucia y carente de principios morales y legales.

Gracias por su lectura.

Twitter: @erosuamero

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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