Por Eros Ortega Ramos*

El 22 de febrero del año en curso, el periodista, Ciro Gómez Leyva, dio a conocer en su noticiero matutino de Radio Fórmula, “Imagen Noticias”, un video en el que los empresarios, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denuncian ante la Procuraduría General de la República (PGR), la creación de una supuesta red de “empresas fantasma” a petición de otro empresario llamado Manuel Barreiro Castañeda. Dicha red, según declaraciones de Galindo y Rodríguez, fue creada para lavar dinero en beneficio de la coalición “Por México al frente”, representada por el candidato Panista, Ricardo Anaya: “Los empresarios dieron a la PGR los pormenores de los tiempos, las fechas, los montos y la ruta que siguieron para simular la compra de un terreno en 54 millones de pesos en el estado de Querétaro” (Proceso, 23/ll/18).   

  

Asimismo, de acuerdo a información revelada por el periódico, El Universal, Barreiro Castañeda vendió un lote a “Juniserra” (Empresa propiedad de Ricardo Anaya) en diez millones de pesos, mismo que dos años más tarde fue revendido a los trabajadores de Castañeda como -nave industrial-, pero ahora por la cantidad de 54 millones de pesos. Es aquí en donde se le acusa al candidato de participar en los delitos de triangulación de recursos y financiamiento de empresas fantasma: “Primero a través de una empresa llamada Tesorem, de donde salieron los 54 millones hacia una empresa llamada Manhattan Master Plan Development, que fue la que finalmente compró el lote a Juniserra, reveló el abogado Joaquín Xamán McGregor a El Universal” (Huffingtonpost, 21/ll/18). 

No obstante las polémicas afirmaciones de ambos empresarios, Alberto Galindo también declaró que él mismo, por órdenes directas de Manuel Barreiro, creó un esquema de colocación de fondos con la finalidad de ocultar la adquisición de un inmueble perteneciente a Ricardo Anaya, con activos de dudosa procedencia, ya que se transferían mediante operaciones simuladas: “En diciembre de 2015, recibí una llamada de Manuel Barreiro en la que me mencionó que, si yo ya tenía conocimiento de la operación, contesté que sí, y me dijo: ‘ármatelo rápido porque es posible que lo armemos en febrero” (Proceso, 23/ll/18). O sea que no estamos hablando de delegación de responsabilidades, sino de aceptación de las mismas, ya que aparentemente Galindo ha aceptado su participación en este escándalo que ha puesto a Anaya en la mira de la opinión pública.

Ante este escenario de acusaciones, el candidato panista no tardó en responder a las, según él, injurias en su contra de supuesto -lavado de dinero- para financiar su campaña política. En un video subido por el propio Anaya a YouTube, el también Doctor en Ciencias Políticas y Sociales sostiene que la venta del lote por el cual se le acusa de tal ilícito se encuentra previamente declarada en su –tres de tres-, recalcando de igual manera que siempre ha estado al corriente en sus obligaciones fiscales como ciudadano. Del mismo modo, acusa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de estar detrás de estos ataques que, a su parecer, denotan desesperación por la constante baja en las encuestas de su candidato presidencial: “ya no saben ni qué inventar para levantar la campaña en ruinas de su candidato”, dijo.

Hasta este punto todo indicaba que, en efecto, Anaya estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada por el mismo PRI, ya que en repetidas entrevistas aseguraba que no conocía al tal Manuel Barreiro como se aseguraba, más que por tratos meramente de negocios. Pero estas afirmaciones fueron nuevamente puestas en duda debido a que el 26 de febrero, un grupo de supuestos militantes panistas autodenominados como "Los Rebeldes", dieron a conocer un video por las principales redes sociales en el que se muestra al propio Anaya en una boda de Manuel Barreiro. Aunque dicha grabación fue realizada desde el año 2005, en ella se puede apreciar a la esposa del candidato bailando durante el evento. Ante este nuevo “video-escándalo”, típico en tiempos de campañas electorales, Ricardo escribió en su cuenta de Twitter:

“Como ya lo he dicho:

1. Yo no le vendí nada a Manuel Barreiro. 

2. Sí lo conozco.

Sobre el video: Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana. Por cierto, eso fue hace 13 años. Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido. Álvaro Ugalde, mi amigo desde secundaria, me invitó a la boda de su hermana”.

                                                                

Después de toda la polémica provocada por Anaya debido a las acusaciones de lavado de dinero en su contra, el candidato presidencial afirmó que dichas acusaciones han sido fabricadas por el PRI para intentar ocultar que su candidato, José Antonio Meade, incurrió en un desvío de recursos de más de 400 millones de pesos, cuando se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social: “En política no existen las casualidades. Toda esta historia que han inventado en mi contra inició exactamente el día en que la ASF entregó en la Cámara de Diputados la cuenta pública y ya salió el peine: En esa cuenta pública está demostrado que José Antonio Meade desvió más de 500 millones de pesos cuando era el secretario de Desarrollo Social” (Proceso, 27/ll/18). Pero mientras se determina la participación de Meade, suponiendo que incurrió en el ilícito del cual lo acusa Anaya, la realidad es que este tremendo escándalo no puede ser pasado por alto por el candidato panista, si es que aún desea mejorar su posición respecto a AMLO en las preferencias electorales.

Anaya está viviendo en carne propia los embates que trae consigo una estrategia de “guerra sucia” que es aplicada a todo aquel político considerado como una amenaza a los intereses de la clase política dominante. La diferencia radicará, en comparación con acusaciones de la misma índole hacia otros políticos, en la comprobación de su inocencia o culpabilidad, porque aunque a mi parecer, el acusado es culpable, no sería ético condenarlo sin antes haberle otorgado el beneficio de la duda. Ahora sólo queda esperar a que el tiempo, su famoso abogado, Diego Fernández de Cevallos, y las instituciones encargadas de la repartición de justicia, determinen el destino de su futuro político, en este, el país de los casuales escándalos políticos en tiempos de elecciones.       

 

Gracias por su lectura.

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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