“Apenas inició el tiempo de lluvias y la CDMX ya ha sufrido de severas inundaciones”

Por Eros Ortega Ramos*

El pasado jueves 29 de junio del año en curso, las trombas registradas durante la tarde-noche al norte y oriente de la CDMX, ocasionaron que en varios puntos de ésta se viera afectada la circulación por severos encharcamientos, resultado de las inundaciones provocadas por desbordamientos de canales de aguas negras, insuficiencia y obstrucción del drenaje público y la falta de cultura cívica de millones de habitantes. Así, de acuerdo al comunicado de Protección Civil capitalina, la lluvia provocó los mayores estragos en cinco delegaciones: Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, por lo que se le aconsejó a la ciudadanía evitar el tránsito en sus principales avenidas, así como depositar la basura en su lugar para evitar que las coladeras fueran obstruidas, impidiendo de esta manera el paso del agua. ¿Pero se ha puesto a pensar, estimado lector, cuáles son las principales causas por las que se siguen presentando este tipo de problemáticas? Echemos un vistazo.

Ni varios países de América Latina (entre ellos México), ni el caribe, cuentan con la infraestructura necesaria y políticas públicas de gestión del riesgo eficientes para enfrentar situaciones de emergencia ante desastres naturales no previstos: “De los 17 países incluidos en la medición, ocho no están en capacidad de recuperarse de las pérdidas económicas en caso de un evento catastrófico. Honduras es el país menos preparado, seguido por Barbados, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana” (SciDevNet, 2015). En este caso, las pérdidas económicas y la vulnerabilidad aparecen como principales características ante los daños causados por desastres y las estrategias necesarias para su reducción se enmarcan en el contexto general de acciones para la prevención y el desarrollo sostenible. Pero, es importante aclarar que no únicamente con la prevención se va a disminuir el impacto de un desastre natural de estimaciones catastróficas. Si no se cuenta con una serie de elementos que se complementen con esta cultura de la prevención, los resultados se verán reflejados en zonas devastadas, y demás problemáticas que deje consigo cualquier desastre natural. Esto puede corroborarse con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “Las pérdidas humanas y económicas causadas por desastres naturales se han incrementado en esta región en el último siglo, como consecuencia del crecimiento demográfico, la urbanización no planificada, la sobreexplotación de los recursos naturales y, probablemente, los efectos del cambio climático. Terremotos, inundaciones y tormentas causaron US$34 mil millones en pérdidas económicas en 2000–2009, en comparación con las pérdidas de US$729 millones en la década de 1940”.

Por lo tanto, la prevención de estos desastres tiene que fundamentarse en políticas públicas urbanas, que, de la misma manera, deben de ser construidas, implementadas y evaluadas por la sociedad civil, en conjunto con el gobierno en turno. Entre los diversos instrumentos de la política pública urbana ocupan un lugar muy importante los llamados indicadores de riesgo, desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen como objetivo la reducción de desastres ante situaciones de vulnerabilidad ocasionadas por fenómenos naturales inevitables. Dicho sistema de indicadores se compone de cuatro índices principales, los cuales son: a) El Índice de Déficit por Desastre (DDI, según sus siglas en inglés), B) El Índice de Desastres Locales (LDI, según sus siglas en inglés), C) El Índice de Prevalencia de Vulnerabilidad (IPV) y D) El Índice de Gestión de Riesgos (RMI, según sus siglas en inglés).

De esta manera, se busca construir planes de acción que faciliten la intervención ante desastres naturales. La implementación de estas políticas públicas en América Latina, además, requiere la adecuación de los marcos institucionales predominantes en el territorio afectado, muchas veces caracterizado por su enfoque reactivo, esto quiere decir, que la intervención de agentes externos no es muy bien vista por los actores sociales que desarrollan sus modos de vida en dicho territorio. Por lo tanto, la preparación ante situaciones de emergencia causadas por desastres naturales como un elemento de las políticas públicas urbanas para el desarrollo sustentable, debe de enfocarse en diferentes instrumentos de la política, tales como: el desarrollo de una cultura de la prevención, los apoyos financieros (públicos y privados), los planes de reconstrucción y contingencia, la restauración de servicios (básicos en su mayoría), y el ordenamiento territorial.

En el caso de México, la situación no es para nada alentadora. Y es que no únicamente se tiene el problema de desarrollar una cultura de la prevención, sino que, geográficamente, México es un país propenso a desastres naturales. De acuerdo con la publicación sobre las experiencias en la administración de riesgos naturales en diferentes países del mundo que coeditaron el gobierno de México junto con el Banco Mundial con motivo de la reunión del G20en Los Cabos en el año 2012, en México ocurren cada año más de noventa temblores con magnitud superior a cuatro grados Richter, generando daños catastróficos con niveles de hasta 12 mil millones de dólares, como en el caso del terremoto de 1985. A esto hay que aumentarle de igual manera que México es muy susceptible a las catástrofes causadas por fenómenos hidrometeorológicos, ya que es el único país que sufre las consecuencias de huracanes originados en diferentes océanos. De hecho, estos fenómenos son los que han causado las peores pérdidas económicas en los últimos años. De esta manera, se calcula que en el territorio nacional ocurren al menos dos tormentas por año con consecuencias catastróficas, esto con base en cifras de la base internacional de datos sobre catástrofes EM – DAT, que permiten hacer un recuento de los fenómenos más importantes en cuanto a daños económicos (en millones de dólares), asociándolos con su año de ocurrencia y nombre asignado al meteoro que los ocasionó.

Lo que resulta curioso es que ahora, con las inundaciones que han perjudicado a esa parte de la población que se moviliza por medio del transporte público y privado, la indignación y el enojo no únicamente se han presentado ante las problemáticas causadas por las tormentas pluviales, sino también y principalmente por la inacción del Gobierno de la Ciudad ante la situación. Con esto sostengo que aunque desafortunadamente dicha problemática afectó también a delegaciones que ostentan el estatus de clase “alta” (como Polanco), afortunadamente la atención de las autoridades correspondientes no tan fácil puede ser negada en éstas condiciones que para muchos resultan insospechadas. Con esto se expone de antemano que la cultura de la prevención no distingue de clases sociales, por lo que cualquier persona, de cualquier poder adquisitivo, debe de estar consciente que no es tarea exclusiva del gobierno evitar inundaciones de esta magnitud, por lo que si la cultura del cuidado al medio ambiente sigue siendo excluida del modo de vida de la población, los escenarios de vialidades cubiertas por agua seguirán repitiéndose hasta tiempo indefinido.

Gracias por su lectura.   

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*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.

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